La Sala Penal de la Corte debe integrarse para resolver las cuestiones pendientes del caso de la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio del 2012, donde murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. Ayer se cumplieron siete años del hecho, y el proceso no está firme por las peticiones de la fiscala adjunta María Soledad Machuca.
Existen dos asuntos a resolverse. Una explicación contra el fallo del 26 de julio del 2018 y su aclaratoria, emitidas por la Sala Penal de la Corte, y la recusación contra Emiliano Rolón y Cristóbal Sánchez, que integraron el Máximo Tribunal ante la inhibición de los ministros.
A raíz de la recusación, había quedado solo el camarista Arnaldo Martínez Prieto, y la Sala se integró con el ministro Manuel Ramírez Candia y el camarista Giuseppe Fossati. Sin embargo, quedó nuevamente desintegrada, ante la renuncia de Martínez Prieto, quien alegó falta de apoyo de la Corte ante la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
De esta manera, la Sala quedó con dos miembros, Ramírez Candia y Fossati, por lo que la próxima semana se consultará al ministro Alberto Martínez Simón, para ver si puede integrar la Corte, y, finalmente, resolver la cuestión.
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