En su sesión plenaria de la fecha, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó ratificar la resolución que decidió pagar la jubilación a los exministros del Poder Judicial Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, en el marco del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de setiembre pasado, […]
En su sesión plenaria de la fecha, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó ratificar la resolución que decidió pagar la jubilación a los exministros del Poder Judicial Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, en el marco del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 28 de setiembre pasado, Sara Parquet, la esposa y abogada de Ríos Ávalos, había anunciado que el exministro de la Corte ya había recibido parte de la indemnización correspondiente tras su desvinculación de la máxima instancia judicial en el año 2003, juicio político mediante, unos 625 mil dólares. Serían unos G.937 millones en concepto de aportes jubilatorios a Bonifacio Ríos.
El 4 de octubre de 2021, La Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma unánime declaró responsable internacionalmente a la República del Paraguay por las violaciones a los derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y a la protección judicial (artículo 25.1 c), en perjuicio de los exministros, Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, como consecuencia de su destitución de los cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en el marco del juicio político tramitado en su contra por el Poder Legislativo en...
En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que los cargos formulados contra los señores Ríos Avalos y Fernández Gadea en el trámite del juicio político, con base en los cuales la Cámara de Senadores decidió su destitución, se basaron en decisiones dictadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En tal sentido, se configuró una seria afectación a la independencia judicial, en tanto fueron irrespetadas las garantías de estabilidad y de protección frente a presiones externas que amparan la función de las juezas y los jueces, y que es deber del Estado salvaguardar.
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