La Corte Suprema de Justicia tuvo que intimar a la Contraloría General de la República (CGR) para que la institución cumpla con sus obligaciones procesales y así poder avanzar con el estudio de la inconstitucionalidad con la que el contralor Enrique García pretende frenar la publicación de las Declaraciones Juradas. Hace casi cinco meses que la causa está paralizada.
Casi cinco meses pasaron desde que el contralor Enrique García presentara una acción de inconstitucionalidad para evitar cumplir con dos sentencias judiciales que lo obligan a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes de las más altas autoridades de la República.
García aseguró en su momento que recurrió a la máxima instancia judicial porque quería una “solución definitiva” sobre la polémica planteada al respecto de la privacidad o no de las declaraciones juradas de los servidores públicos. Sin embargo, fue él mismo quien se encargó de ponerle freno al estudio de la acción pues la institución a su cargo no entregó nunca las copias para traslado a la contraparte.
Myriam Peña, presidenta de la Sala Constitucional, intimó el pasado martes a la Contraloría a cumplir con su obligación procesal, bajo advertencia de que se podría tomar la causa como abandonada. Recién entonces el ente cumplió.
La misma Contraloría emitió ayer un comunicado de prensa asegurando que no tenía intenciones de trabar la causa, pero en el que reconocían que entregaron las copias para traslado.
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