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La administración de Honor Colorado, liderada por el presidente Santiago Peña, ha mantenido un discurso de defensa de la libertad de expresión y la transparencia. La firma de la Declaración de Chapultepec en octubre de 2024 y las críticas de líderes oficialistas, como Bachi Núñez, a regímenes represivos como el cubano, sirven como vitrina internacional. Sin embargo, en el interior del país, se evidencia un patrón creciente de censura e intimidación orquestado por figuras de poder político y económico, ejecutado a través de la instrumentalización del sistema judicial para acallar denuncias...
Esta contradicción se traduce en un ataque sistemático al periodismo, donde la judicialización y el blindaje informativo se han convertido en las principales herramientas para reprimir la difusión de información crítica en el periodo 2023-2025.
En enero de 2024, la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, estableció un precedente judicial sin antecedentes en Paraguay. Su resolución ordenó al empresario y comunicador Christian Chena y al medio RDN abstenerse durante 365 días de publicar o compartir cualquier información sobre Gisele Mousques,esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, exasesor político de Horacio Cartes y actual embajador de Paraguay en Taiwán. La medida, amparada en la Ley 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres, surgió tras la difusión de un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto...
Lo extraordinario del fallo radicó en su alcance: la magistrada incluyó el “retuit” como acto de incitación. Según su criterio, replicar contenido en redes sociales constituía un “refrito” u “ofensa indirecta”. La abogada Alejandra Peralta Merlo, defensora de Chena y RDN, cuestionó esta interpretación: “Dice la jueza que cuando uno retuitea, hace un refrito de la publicación, eso puede ofender. Y las expresiones que vienen como consecuencia de eso, pueden calificarse como instigación, sin haber probado la instigación”.
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