Es plausible que el mismo día del vencimiento del plazo procesal respectivo, la agente fiscal María Estefanía González haya acusado por el delito de lesión de confianza al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, a la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo y al exgerente del proyecto fallido del metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz. Si Humberto Otazú, el juez de Garantías especializado en delitos económicos, admitiera la acusación, se llamaría a una audiencia preliminar para decidir si se abrirá o no un juicio oral y público. Se trata de un paso importante para evitar que el mero transcurso del tiempo otorgue la impunidad a los presuntos responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas, denunciados penalmente por el Ing. Hermann Pankow, en mayo de 2018: tuvieron que pasar cuatro años para que, finalmente, el Ministerio Público cumpla con su deber.
Ya en julio de 2015, este diario había editorializado que “está en marcha el negociado del siglo” y así ocurrió, lamentablemente. Este elefante blanco, que murió por el camino tras haber sido concebido bajo los gobiernos de Fernando Lugo y de Federico Franco, y haberse convertido en el proyecto estrella de la administración de Horacio Cartes, enriqueció a algunos capitostes pero causó ingentes perjuicios, tanto al erario como a los usuarios del transporte público y a centenares de comerciantes frentistas, 250 de los cuales quebraron. Fueron víctimas de los trabajos inconclusos de la firma...
Se atropelló con el metrobús pese a que desde un principio se llamó la atención sobre las gravísimas deficiencias del proyecto ejecutado con la complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el hecho de que el malhadado medio de transporte iba a operar con gasoíl en un país con abundante energía hidroeléctrica. Pese a todo, el entonces ministro Jiménez Gaona firmó el contrato respectivo en marzo de 2016, y las obras se iniciaron en enero de 2017 sin haberse liberado las franjas de dominio. Por esta razón el Estado paraguayo fue condenado por un laudo arbitral de diciembre de...
La prolongada investigación fiscal se apoyó en 17 de las 77 observaciones formuladas en 2022 por la Contraloría General de la República (CGR), en un informe que cuantificó el daño causado al fisco en US$ 29 millones y señaló varias fechorías, como sobrecostos y pagos por trabajos no realizados. Si los acusados fueran hallados culpables, tendrían que cargar no solo con la responsabilidad penal, sino también con la civil, esto es, deberían reparar íntegramente el daño causado, algo que quizá pueda escapar a sus posibilidades aunque se tenga la sospecha de que pudieron haberse enriquecido con...
Es de lamentar, desde luego, que las primeras advertencias hayan caído en saco roto. Esta disparatada iniciativa, que nunca debió haber sido llevada a cabo, fue abortada recién al cuarto año de la firma del contrato, medida que fue calificada de “revanchismo político” por Santiago Peña, presidente formal de la República, con lo cual apoyó implícitamente la majadería en cuestión: el documento, que nunca debió haber sido firmado, tuvo que haber sido rescindido ya mucho antes. Se perdieron fondos públicos multimillonarios, se privó de su fuente de ingresos a numerosos comerciantes, se...
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