Además de otros argumentos jurídicos, el investigador Abel Areco sostiene que las adjudicaciones ilegales de tierras durante el stronismo deben ser anuladas por violar DDHH de los campesinos.
“Podemos decir que desde el inicio de la transición después de la caída de la dictadura no hubo una voluntad firme para la recuperación de las tierras malhabidas. Un paso importante fue la conformación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) y su investigación fue significativa e importante, pero después no tuvo respaldo, hasta ahora”, señaló. Detalló que los primeros juicios de nulidad impulsados por la Procuraduría datan de la época de Nicanor Duarte Frutos, y que el grueso de las acciones se dio durante el gobierno de Fernando Lugo, pero luego decayó con los posteriores gobiernos de...
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