La industria tabacalera nacional tiene un fuerte impacto económico y laboral en el país, considerando que actualmente 3.700 personas trabajan en una de las casi 20 firmas nucleadas en la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP), la mayoría asentada en la zona del Alto Paraná. A esto se suma que este sector fabril aporta unos 6,6 millones de dólares americanos anuales solamente al Instituto de Previsión Social (IPS), a lo que se debe agregar el pago de impuestos por año.
Lo que más preocupa a los industriales de este sector es que, de prosperar la idea del grupo de Esperanza Martínez, en primer lugar esos casi 4.000 empleos podrían perderse.
El Congreso Nacional se apresta precisamente al estudio de un proyecto de ley que puede afectar a una veintena de plantas fabriles que cumplen con las leyes laborales, realizan un gran aporte social a nivel nacional y paga sus impuestos al fisco con regularidad. Este tratamiento se da en un momento en que los partidos políticos y movimientos representados en el Poder Legislativo tienen fuertes intereses electoralistas, inclusive económicos, personales y políticos, lo que puede resultar dañino para la industria tabacalera.
Una importante cadena productiva también se ve involucrada en la industria tabacalera, que guarda relación con miles de familias agricultoras dedicados al cultivo y cosecha del tabaco, principalmente en la zona norte del país. El proceso productivo para la obtención de cigarrillos implica a muchísimas otras firmas y personas, como la industrialización y la distribución, así como la incorporación permanente de tecnología y equipos de laboratorios para el control de calidad.
El bloque de oposición liderado por el conglomerado político encabezado por Fernando Lugo, actual presidente del Congreso, plantea una “reconversión” como solución a los casi 4.000 empleados que podrían quedar sin sus puestos de trabajo en los próximos meses, de prosperar el polémico proyecto de ley.
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