“Nosotros vamos a retirar, porque como Cancillería queremos ver si es el mismo que tenemos. Veo muchas diferencias con el que tenemos”, dijo el ministro.
El 28 de setiembre de 2018, el entonces canciller, Luis Alberto Castiglioni, en el marco del 73° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suscribió en Nueva York el acuerdo regional, que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El documento establece la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. El 31 de mayo, la Cancillería envió el documento al Senado para su ratificación. Ayer, en nota dirigida a Blas Llano, presidente de la Cámara Alta, solicitó retirarlo.
Por su parte, la Unión de Gremios de la Producción rechaza la ratificación del acuerdo, considera que puede ser una barrera arancelaria al no requerirse una base científica. Advierte que entran en zona de riesgo las exportaciones por USD 6.000 millones. En tanto, varias organizaciones ambientales y de pueblos indígenas emitieron un comunicado para defender el Acuerdo Escazú y pedir a autoridades eclesiales “no desinformar”.
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