El 25 de octubre de 2013, el Ministerio Público imputó al exsenador colorado Víctor Bogado y a la “niñera de oro” Gabriela Quintana, exfuncionaria de la Cámara de Diputados y excontratada de Itaipú Binacional, como cómplice y autora, respectivamente, del delito de cobro indebido de honorarios. Desde entonces, han venido planteando de consuno todo tipo de chicanas para que el delito prescriba y, por tanto, ellos queden impunes. Están a punto de lograr su objetivo, gracias a la condescendencia de la Judicatura, si la Cámara de Apelación no ratificara antes del próximo 24 de octubre el inicuo fallo de primera instancia, dictado el 3 de mayo último, en virtud del cual el patrón fue condenado a solo 12 meses de cárcel y la empleada a 18, en ambos casos con suspensión de la pena. Actuando de común acuerdo, el dúo ha hecho uso y abuso del derecho a la defensa, antes, durante e incluso después del juicio oral y público, sin que hasta hoy la evidente y reiterada mala fe haya sido punida de acuerdo al Código Procesal Penal y al Reglamento del Sistema Disciplinario del Poder Judicial.
El 25 de octubre de 2013, el Ministerio Público imputó al exsenador colorado Víctor Bogado y a la “niñera de oro” Gabriela Quintana, exfuncionaria de la Cámara Baja y excontratada de Itaipú Binacional, como cómplice y autora, respectivamente, del delito de cobro indebido de honorarios. Desde entonces, han venido planteando de consuno todo tipo de chicanas para que el delito prescriba y, por tanto, ellos queden impunes. Están a punto de lograr su objetivo, gracias a la condescendencia de la judicatura, si la Cámara de Apelación no ratificara antes del próximo 24 de octubre el inicuo fallo de...
Actuando de común acuerdo, el dúo ha hecho uso y abuso del derecho a la defensa, antes, durante e incluso después del juicio oral y público, sin que hasta hoy la evidente y reiterada mala fe haya sido punida de acuerdo al Código Procesal Penal y al Reglamento del Sistema Disciplinario del Poder Judicial. La penúltima vileza a la que recurrió Bogado para trabar el proceso fue recusar, el 20 de agosto, a los camaristas Pedro Mayor Martínez y Mirtha González, cuando solo faltaba la firma de esta magistrada para que la sentencia se dictara ese mismo día; la última vileza, el 29 de agosto, fue...
Si este fuera el indignante resultado de seis años de chicanas sistemáticas, los principales responsables serían los jueces que toleraron la infamia, así como los ministros del Consejo de Superintendencia de Justicia que no los sancionaron por incumplir su deber de aplicar las normas relativas al comportamiento de las partes en un juicio. El Código Procesal Penal obliga a los jueces a velar por la regularidad del litigio, el buen uso de las facultades procesales y la buena fe (art. 112); les permite sancionar la mala fe o la temeridad procesal con hasta cien días de multa en los casos...
Esas normas fueron y siguen siendo letra muerta para bien de Bogado, de Quintana y de sus abogados, en tanto que las del Reglamento del Sistema Disciplinario del Poder Judicial, que califican de “falta grave” del magistrado la no aplicación de facultades disciplinarias (art. 4°), y castigan con hasta treinta jornales mínimos o la suspensión, sin goce de sueldo (art. 18), fueron y siguen siendo inocuas para quienes toleran que el derecho a la defensa sea bastardeado con el mayor descaro. El Consejo de Superintendencia de Justicia –hoy integrado por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Luis...
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