El presidente de Paraguay, Santiago Peña, envió al Senado un proyecto de ley para la modernización del régimen de la Alianza Público-Privada (APP) el pasado jueves. Al día siguiente, durante el acto de inauguración de la concesión de vagones del puerto a una empresa privada, Peña argumentó que la ley actual, si bien no es mala ni ha fracasado, necesita mejoras para reducir la burocracia y agilizar la participación de empresas privadas en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos.
La APP es un mecanismo mediante el cual una empresa privada financia la construcción de obras públicas y cobra a los usuarios una tasa o tarifa durante un tiempo determinado para recuperar su inversión, tras lo cual el Estado asume la administración de la obra.
El analista económico y consultor, Stan Canova, manifestó que le parece correcto que se haya incluido en el nuevo proyecto de ley la posibilidad de recurrir a fideicomisos para estructurar los programas de inversión. “Estos se estarían abriendo en la AFD y en el BNF. Sin embargo, algo que debería tenerse en cuenta es que, al momento de hacer concesiones, se debe controlar bien a las empresas para que no tengan antecedentes negativos en proyectos en otros países”, opinó.
Canova añadió que el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es fundamental para que funcione un proyecto vía APP. También señaló que, lamentablemente, con la ley inicial no se lograron realizar obras importantes para modernizar la infraestructura de Paraguay.
“Se desinformó mucho al respecto; se dijo que la APP es una venta de bienes del Estado, y no es así”, recordó. Como recomendación, indicó que sería útil que las controversias entre la empresa y el Estado se resuelvan vía arbitraje, un mecanismo que, en su opinión, es poco conocido pero efectivo para solucionar conflictos.
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