El Tribunal de Apelaciones de Feria de Asunción ordenó al Instituto de Previsión Social (IPS) publicar la lista de empresas que incumplen el aporte obrero-patronal, tras conceder un amparo impulsado por estudiantes de Derecho. La Previsonal argumenta que los datos son de carácter confidencial, pero los camaristas ratificaron que son información pública y de acceso libre. El primera instancia, un juez autorizó al IPS a seguir ocultando la nómina de morosos.
La Cámara que atiende las apelaciones durante la feria judicial, integrada por los jueces Delio Navarro, Bibiana Benítez y Cristóbal Sánchez, revocó por unanimidad el fallo del juez de primera instancia Fabián Weisensee que facultaba al Instituto de Previsión Social a seguir ocultando la nómina de empresas que se encuentran al día o no con el aporte obrero-patronal. El amparo constitucional fue impulsado por el ciudadano Mauricio González Pou, alumno de la Clínica Jurídica para el Acceso a la Información Pública de la Facultad de Derecho de la UNA.
En el acuerdo y sentencia N° 6 del 15 de enero de 2020, los camaristas también ordenan al IPS, cuya cabeza es Andrés Gubetich, entregar y publicar en su sitio web y en el Portal Unificado de Información Pública del Gobierno todos los datos solicitados por González Pou. Además de la nómina de empresas con el detalle de si cumplen o no los aportes, la Previsional también debe dar a conocer los mecanismos o políticas elaboradas por la entidad para combatir la evasión de estos aportes.
El amparo fue patrocinado por los estudiantes de la Clínica, con apoyo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), amparado en la Ley N° 5282/14 de “Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.
No obstante, Andrés Gubetich aún puede recurrir a la Corte para dilatar el cumplimiento de la sentencia. En otros casos las instituciones procedieron de esta forma, como en el de la Contraloría General de la República (CGR), que desde hace un año y medio también oculta las declaraciones juradas de las autoridades y funcionarios públicos, a pesar de que un juez de primera instancia y una Cámara de Apelaciones también ordenaron hacerlas públicas.
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