Según explicaron desde el Ministerio Público, aún no se sorteó la conformación de los magistrados de Alzada, quienes deberán decidir si se da apertura al proceso mencionado, o si se archiva el mismo.
“No obra en ‘función del órgano’ (o sea de la intendencia), y consecuentemente no le son imputables. Se trata de un asesor externo (al órgano) cuya actividad consiste en dar consejos o brindar opiniones (por supuesto no vinculantes) a una persona que ejerce la función pública”, refiere parte del argumento del magistrado.
Por su parte, la fiscala Aghemo refirió que el razonamiento del juez, es total y absolutamente alejado al espíritu e intencionalidad de nuestra Ley Penal, donde señala que el funcionario público es “toda persona que ejerce una función pública conforme al derecho paraguayo”.
También agregó que la decisión de Méndez produce un agravio irreparable, teniendo en cuenta que dictó una resolución judicial que impide el ejercicio de la persecución penal, al rechazar la solicitud de reapertura de la presente causa.
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