AREGUÁ. Una revisión especial documental realizada por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) evidencian graves irregularidades sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales del año pasado), otorgado por el Ejecutivo a la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González. Hasta la fecha, el fiscal Rodrigo Estigarribia investiga el caso tímidamente y aún nadie fue imputado, pese a las evidencias que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas, así como en la denuncia hecha por la Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
La auditoría de revisión especial a la Gobernación del XI Departamento estuvo a cargo de la Senac y la AGPE, en el marco de la Ley Nº 6641/2020 “De apoyo financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19”.
La Gobernación de Central recibió US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del Ejecutivo. El gobernador Hugo Javier (ANR cartista), no tuvo mejor idea que repartir el dinero rápidamente a dos entidades “sin fines de lucro”, como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, que recibió G. 5.105 millones para la realización de obras de infraestructura, así como también al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones.
En la rendición de cuentas de CIAP y del Consejo Regional de Salud presentadas a la Contraloría General de la República (CGR), aparecen facturas de dudosa procedencia. Por ejemplo, algunas son clonadas, otras son de empresas que no existen en las direcciones declaradas, otras son facturas a crédito que no tienen recibos de dinero, y algunas compras fueron hechas incluso de comercios que no guardan relación con los artículos adquiridos, entre otras falencias.
La Senac y la SET, hicieron una denuncia penal ante el Ministerio Público el pasado 8 de julio sobre los supuestos hechos punibles de punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.
Leer la nota completa en Diario ABC
