A casi tres años del horrendo crimen de dos abuelos y sus dos nietos menores en la estancia Taguató, en la jurisdicción de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón en julio del 2019, la audiencia preliminar aún no se pudo realizar debido a las numerosas chicanas. Una abogada ya fue sancionada. En la […]
A casi tres años del horrendo crimen de dos abuelos y sus dos nietos menores en la estancia Taguató, en la jurisdicción de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón en julio del 2019, la audiencia preliminar aún no se pudo realizar debido a las numerosas chicanas. Una abogada ya fue sancionada.
En la causa, se crítica la intervención del asesor de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, Roque Orrego, quien junto a su colega Juan Martens, ejercen la defensa de Juan Casimiro Galeano Núñez, sindicado como el cerebro de la organización criminal que ejecutó el cuádruple asesinato.
En mayo pasado, ambos profesionales alegaron estar enfermos y el juez suspendió la diligencia que se intentará realizarse el 15 de junio próximo. Orrego, a través de INECIP, donde aparece como fundadora la ministra Carolina Llanes, tiene una fuerte injerencia política criminal del alto tribunal, mediante la aprobación y entrada en vigencia de varias acoradas.
Desde el 22 de abril viene suspendiéndose la mencionada audiencia preliminar a raíz de varias razones, el primero fue porque el Ministerio de Justicia no contaba con agentes especializados de la FOPE para acompañar el traslado de los procesados considerados de alta peligrosidad y el 5 de mayo pasado, los abogados Roque Orrego y Juan Martens alegaron problemas de salud.
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