Como cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, fijada para mañana a las 9:00, figura el proyecto de ley de cuestionada legitimidad constitucional, que pretende equiparar la figura del Defensor General (titular del Ministerio de la Defensa Pública) con el Fiscal General del Estado, a fin de que –entre otras cosas– este sea designado por el Presidente de la República, en este caso Santiago Peña, y ya no por la Corte Suprema de Justicia como hasta ahora.
Apuran plan para que Peña meta mano a Ministerio de la Defensa Pública
Mientras el Consejo de la Magistratura lleva adelante el proceso para elaborar la terna de candidatos para ocupar el cargo que actualmente corresponde a la ministra Lorena Segovia Azucas (PLRA, llanista), en Diputados se apura el tratamiento de este proyecto de ley que tiene cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Esto debido a que pretende aplicar los artículos 225, 267, 269 y 271 de la C.N. relacionados a la designación, remoción y juramento del FGE al ministro de la Defensa Pública, pese a que la Constitución no permite una interpretación extensiva, sino que debe ser taxativa.
Entre estos, por ejemplo, el artículos 269 que refiere a la elección y de la duración del mandato en el Ministerio Público, menciona puntualmente que “el Fiscal General del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura”.
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