La acusación al intendente Miguel Prieto expone cómo el esquema dentro de la Municipalidad de CDE actuó para beneficiar en plena pandemia del covid-19 con una licitación en plena pandemia a la firma Tía Chela, firma que no contaba con recursos, capacidad ni experiencia para proveer alimentos por valor de G 2.900 millones. De acuerdo […]
La acusación al intendente Miguel Prieto expone cómo el esquema dentro de la Municipalidad de CDE actuó para beneficiar en plena pandemia del covid-19 con una licitación en plena pandemia a la firma Tía Chela, firma que no contaba con recursos, capacidad ni experiencia para proveer alimentos por valor de G 2.900 millones.
De acuerdo a la acusación, Miguel Prieto Vallejos, en su calidad de intendente, entre los meses de marzo y julio del 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G 2.130.036.160, con la promoción de una Licitación Pública por la vía de la excepción con ID Nº 382.177, cuya contratación estuvo direccionada a la empresa proveedora TIA CHELA SRL, de Fermin Avalos Britos, que en su fachada se describe como un «Autoservice».
En su calidad de ordenador de gastos y administrador general de la comuna, Prieto, con la colaboración de los citados funcionarios, promovió una licitación por la vía de excepción para la “Adquisición de cestas básicas para personas de escasos recursos por la pandemia del covid 19 (ID 382.177)” y direccionó la misma a los efectos de favorecer con los recursos institucionales a la empresa TIA CHELA S.R.L, de propiedad de Fermin Avalos Britos, en fecha 27/03/2020, y con ello ocasionó un perjuicio patrimonial debido a que se ha logrado detectar una ausencia de contraprestación equitativa de...
Este esquema encabezado por el Intendente Municipal estuvo compuesto por los funcionarios Maggi Fariña, Sebastian Martinez, Francisco Arrúa Alvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramirez, Nelson Segovia Acevedo, José Félix Cáceres Galeano, y Julián Benitez Gamarra, quienes desde sus roles y funciones respectivas realizaron diversos aportes orientados a ocasionar un perjuicio patrimonial a la Institución con la presente adquisición realizada.
Leer la nota completa en El Observador
