Un 15 de junio de 2012, un campo de Curuguaty se regó con la sangre de campesino y policías, fruto de un enfrentamiento. La masacre que costó 17 vidas devino en una crisis política y hasta hoy, existen contradicciones en la Justicia sobre responsables.
Hace 7 años, los reportes de nuestro de nuestro fallecido corresponsal Pablo Medina -asesinado por sicarios años después- empezaron a llegar a la mañana y describían un escenario dantesco difícil de creer, incluso pese a las fuerte imágenes que los acompañaban sus relatos.
A inicios de ese día, nadie habría podido prever el desenlace fatal de un operativo policial de desalojo de una propiedad reivindicada por la empresa Campos Morombi, de la Familia del expolítico colorado Blas N. Riquelme, la cual era ocupada por campesinos que también reclaman derecho sobre la propiedad en disputa.
La versión oficial indica que un pelotón de avanzada del Grupo Especial de Operaciones (GEO), liderado por el subcomisario Erven Lovera se acercó a intentar negociar el desalojo pacífico con un grupo de campesinos. Según las autoridades, la respuesta que resonó fue la de un arma, la cual se replicó posteriormente entre ambos bandos.
Nadie salió ganando, al contrario, murieron 11 campesinos y 6 policías ese día. El operativo no tardó en tener consecuencias en el poder. Inmediatamente el entonces presidente Fernando Lugo destituyó al ministro del Interior, Carlos Filizzola, lo que no serviría para aplacar las consecuencias políticas de la masacre.
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