Una vez completada la construcción de la represa de Yacyretá, en la que lucraron burócratas de turno y los “barones” de las empresas constructoras de los países involucrados, en 2003, durante los Gobiernos de Nicanor Duarte Frutos en Paraguay y Néstor Kirchner en Argentina, las altas partes convinieron en crear los denominados “Gastos sociales y ambientales”, no establecidos en el Tratado respectivo, para encarar supuestos planes sociales en las áreas afectadas por la construcción de las represas, sin pasar por licitación ni control del Ministerio de Hacienda y el Congreso. Consiste en un fondo especial incluido en el costo global y de servicios de la deuda de la usina, repartido en forma igualitaria y a libre antojo de directores y consejeros. Entre enero de 2016 y junio de 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes, la discrecional repartija totalizó 28 millones de dólares (unos 150.000 millones de guaraníes), suma con la que se podría satisfacer muchas necesidades sociales. Pero con el torrente de plata dulce que ingresa en el concepto mencionado, se ha establecido un perverso sistema de corrupción clientelista para mantener en el poder a una claque política depredadora.
Una de las promesas electorales más firmemente ratificadas por el presidente Mario Abdo Benítez al asumir la Primera Magistratura de la nación ha sido su compromiso de arremeter contra la corrupción con todos los medios a su alcance. A tal efecto, ha instado a los otros Poderes del Estado –en particular a la Justicia– a sumarse a esa cruzada de recomposición moral de la corrupta administración pública que, bajo el Gobierno de su antecesor, ha alcanzado extremos intolerables para la conciencia pública.
Lamentablemente, sus primeras acciones como Presidente de la República no se compadecen con sus promesas, siendo algunas de ellas simplemente decepcionantes, como las relativas a nombramientos al frente de las entidades binacionales de cuestionados personajes sin integridad moral, como José Alberto Alderete en Itaipú y Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá. Como sabemos, desde sus inicios las entidades hidroeléctricas binacionales se han constituido en verdaderos “agujeros negros” de corrupción al servicio de los Gobiernos de turno de ambas márgenes.
En el caso específico de Yacyretá, una vez completada su construcción, en la que lucraron ilícitamente los burócratas de turno y los “barones” de las empresas constructoras de los países involucrados, en 2003, durante los Gobiernos de Nicanor Duarte Frutos en Paraguay y Néstor Kirchner en Argentina, las altas partes convinieron en crear los denominados “Gastos sociales y ambientales”, que no están establecidos en el Tratado respectivo, para encarar supuestos planes sociales en las áreas afectadas por la construcción de las represas, sin pasar por licitación ni control del Ministerio de...
Para tener una idea de la cuantía de estos fondos, que se distribuyen según el antojo de directores y consejeros, se puede mencionar que entre enero de 2016 y junio de 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes, la discrecional repartija totalizó 28 millones de dólares (unos 150.000 millones de guaraníes). Con esta importante suma se podrían financiar, por ejemplo, diez nuevas alas de urgencia en el Hospital de Trauma, ampliar 70 veces el hospital de Villa Elisa, o construir la mitad del nuevo hospital de Coronel Oviedo.
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