La Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Derechos Humanos de la Circunscripción Judicial de Caazapá y la Coordinación de Supervisión Penitenciaria, realizó una jornada de trabajo y atención integral en la Penitenciaría Regional de Villarrica, con el fin de inspeccionar y constatar las condiciones procesales en que se encuentran las personas privadas de libertad en el centro de reclusión. De la actividad participaron jueces Penales y de Ejecución, representantes de la Defensoría Pública, de Identificaciones, Viceministerio de Política Criminal, Unidad de Seguimiento Procesal, Dirección de Observatorio, Dirección de Bienestar y Reinserción Social, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y la Dirección de Salud Penitenciaria, entre otros.
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Derechos Humanos de la Circunscripción Judicial de Caazapá y la Coordinación de Supervisión Penitenciaria, realizó una jornada de trabajo y atención integral en la Penitenciaría Regional de Villarrica, con el fin de inspeccionar y constatar las condiciones procesales en que se encuentran las personas privadas de libertad en el centro de reclusión. En cumplimiento al Artículo 23° de la Acordada N° 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal y la Ley N° 5.162/14, Código de Ejecución Penal de la República...
Tras la verificación de legajos de las personas privadas de libertad (PPL) se realizó un recorrido por el recinto penitenciario, para luego llevar adelante las entrevistas y el relevamiento de datos de los internos, que tuvieron la oportunidad de conocer el estado actual de sus respectivas causas, realizar preguntas y despejar dudas relacionadas a sus procesos judiciales.
La jornada se proporcionó información a las personas privadas de libertad sobre las etapas que establece el Código de Ejecución Penal y los beneficios a los que pueden acceder cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Cabe destacar que a la fecha se encuentran privados de libertad 437 internos.
La comitiva estuvo integrada por la Jueza Penal de Ejecución del Primer Turno, abogada Sandra Marycel de Candia; así como también, el Juez Penal de Ejecución del Segundo Turno, abogado Osmar Ariel Baeza, y sus respectivos Actuarios. Acompañaron además, la abogada Elizabeth Ullón, representante de la Unidad de Derechos Humanos de la Circunscripción de Caazapá, y de la Dirección de Derechos Humanos, el abogado Daniel Llanes.
Leer la nota completa en Corte Suprema
