El juez Rodrigo Estigarribia desestimó dos denuncias penales: una presentada por un joven con discapacidad intelectual –según una sicóloga–, que atribuyó a la exsenadora Kattya González y a su exasesor José Luis Torales los delitos de tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, entre otros; y otra presentada por cuatro dirigentes universitarios contra la exsenadora y su exasesora María Soledad Blanco, culpándolos de “planillerismo”. Las tremendas acusaciones sirvieron de pretextos a los cartistas y aliados para privar a Kattya González de su investidura senatorial, violando el derecho a la defensa y el reglamento interno de la Cámara Alta.
Valioso fallo judicial contra la intolerancia y la prepotencia
Acogiendo el pedido del Ministerio Público, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia desestimó a la vez dos denuncias penales: la primera –muy impresionante– fue hecha el 5 de febrero por un joven con discapacidad intelectual –según una sicóloga–, que atribuyó a la exsenadora Kattya González y a su exasesor José Luis Torales la comisión de los delitos de tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible; la segunda fue...
La víctima del grosero atropello, que en verdad parecía obedecer al rencor político del poder fáctico, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que obtuvo el dictamen favorable de la fiscala adjunta Artemisa Marchuk: la arbitraria medida no fue aprobada por la mayoría absoluta de dos tercios requerida y la afectada no tuvo un plazo de siete días para defenderse por escrito. Tampoco fue convocada para hacer su descargo y rebatir las pruebas presentadas en su contra. La contundente opinión irritó a ciertos legisladores oficialistas, que tuvieron el...
Ahora resulta que un fallo anula las excusas invocadas para desembarazarse de una legisladora que al parecer molestaba mucho al presidente de la ANR, de modo que el asesor jurídico de la Presidencia del Senado, Sergio Godoy, tendrá una dificultad adicional para contestar la acción de inconstitucionalidad planteada, mientras que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tendrá aún menos dificultad para declarar la inaplicabilidad de la infame resolución impugnada, por bien fundadas razones de hecho y de Derecho.
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