Los Decretos 5306/2026 y 5307/2026 del Poder Ejecutivo fijan en US$ 37 por MWh el precio de referencia de la energía por un plazo de quince años. Para sectores del establishment este valor sería la llave que permitirá al Paraguay convertirse en el hub energético del futuro, y dar un salto cuantitativo en su desarrollo.
Esta no es la primera vez que el Paraguay cree que el precio de la energía será la palanca que lo proyecte hacia el desarrollo estructural. Ya lo vivimos con Itaipú.
El Tratado de Itaipú firmado en 1973 entre Paraguay y Brasil —y ratificado en Asunción por Ley Nº 389— estableció un esquema jurídicamente sólido: empresa binacional, participación paritaria y reconocimiento explícito del derecho de cada país al 50% de la energía generada.
Un tratado puede ser técnicamente correcto y, sin embargo, ser administrado de manera deficiente o desviada de su espíritu original. Paraguay democrático tuvo la oportunidad —y la obligación— de aplicar el Tratado conforme a su letra y a su lógica económica. No lo hizo.
Durante su defensa pública, se instaló la idea de que Paraguay no comprometía recursos: “solo ponía el agua”.
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