El día de ayer, el Senado dispuso la postergación del tratamiento del proyecto de ley que penaliza el cierre de rutas, que será tratado primeramente en Comisión y luego por el plenario. Han transcurrido algunos días y reina –como es habitual- un desorden descomunal, donde se discuten prevalencias de diversos derechos de rango constitucional, entre […]
El día de ayer, el Senado dispuso la postergación del tratamiento del proyecto de ley que penaliza el cierre de rutas, que será tratado primeramente en Comisión y luego por el plenario.
Han transcurrido algunos días y reina –como es habitual- un desorden descomunal, donde se discuten prevalencias de diversos derechos de rango constitucional, entre los cuales los más reiterados son el de libre tránsito de personas y mercaderías y el derecho de manifestación. Mientras tanto, los problemas respecto a los altos precios de los combustibles y los bloqueos de rutas, persisten. Y el tenor del conflicto va en aumento (estar atentos a los próximos días).
Las postura de quienes apoyan la iniciativa de penalizar el cierre de rutas, converge en la necesidad apremiante de brindar una solución inmediata que garantice el despeje de rutas que han sido y están siendo bloqueadas en forma reiterada desde hace ya varias semanas, causando molestias de todo tipo, donde el ciudadano que no participa (amplia mayoría) es el principal rehén, en permanente jaque, y sobre todo, causando pérdidas económicas incalculables y de consecuencias que ya se ven. Y otras que aún están por verse.
No es necesario nombrar aquí, ejemplos prácticos de diferentes tipos de afectación que producen los bloqueos de rutas y nada tienen que ver con sectores más o menos privilegiados.
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