En los últimos años, hemos sido testigos de una alarmante proliferación de «universidades de garaje» en Alto Paraná, particularmente en Ciudad del Este. Estas instituciones, que operan principalmente como sucursales, se enfocan en captar alumnos y lucrar con el cobro de mensualidades, sin garantizar que los estudiantes puedan obtener un título válido. Esta situación es […]
En los últimos años, hemos sido testigos de una alarmante proliferación de «universidades de garaje» en Alto Paraná, particularmente en Ciudad del Este. Estas instituciones, que operan principalmente como sucursales, se enfocan en captar alumnos y lucrar con el cobro de mensualidades, sin garantizar que los estudiantes puedan obtener un título válido. Esta situación es especialmente grave en la carrera de Medicina, donde la formación y acreditación adecuada son vitales.
Un caso emblemático es el de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), que funciona en el Este como una supuesta “sucursal” o franquicia, violando abiertamente la Ley de Educación Superior vigente en Paraguay. Estas «universidades de garaje» suelen carecer de los requisitos básicos para operar, desde infraestructura adecuada hasta un plantel docente calificado. Los estudiantes, tanto paraguayos como extranjeros, a menudo no disponen de la información necesaria para asegurar la validez de sus títulos al finalizar la carrera.
La UASS, por ejemplo, alega contar con una “franquicia” de su facultad en Pedro Juan Caballero, pero inscribe a alumnos para la carrera de Medicina en Ciudad del Este, infringiendo el artículo 55° de la Ley nº 4995/13 “De Educación Superior»”. Esta ley encomienda al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) la organización y mantenimiento del registro nacional de carreras, antecedentes académicos, títulos, diplomas y estadísticas de matriculados y egresados de las instituciones de educación superior del país.
Otra práctica irregular es la aceptación de estudiantes extranjeros sin la documentación oficial que acredite sus estudios previos. Las promesas de facilidades para atraer recursos financieros pueden resultar en un gran número de estudiantes con títulos inválidos. La convalidación de asignaturas que no cumplen con al menos un 75% de equivalencia en programas o carga horaria es un claro indicio de irregularidad. No debería existir ninguna «franquicia» que permita la apertura de sucursales de facultades sin la debida autorización, y es crucial que las autoridades estatales intervengan para...
Leer la nota completa en La Clave