Hay que reconocerle al Dr. Martínez Simón, flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, el mérito de haber instalado, al menos en ese nivel, un debate en torno a la morosidad judicial, aunque el tema forma parte del discurso de prácticamente todos los postulantes a un curul en el alto Tribunal. De allí a que con su proyecto de ley se alcance tal objetivo, me parece que estamos bastante lejos.
Lo primero que se me ocurre, tras leer su articulado, es que el anteproyecto, si bien recoge un propósito loable, parece haber sido redactado de manera apresurada. Hasta me atrevería a decir que no se ha estudiado bien su correspondencia con las garantías constitucionales establecidas en el texto de 1992. Porque convengamos, y esto ya lo enseñaba Couture, los códigos procesales y sus leyes complementarias no son otra cosa que el texto que reglamenta la garantía de justicia contenida en la Constitución.
Y aquí cabría decir, a modo de crítica, que el pensamiento político de las constituciones no siempre ha sido fielmente interpretado por el texto de sus leyes.
Les invito entonces a ir a lo que dice nuestro texto constitucional en su artículo 16 que consagra la garantía de la defensa en juicio y que reza: La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
Este principio constitucional es el que ha inspirado las herramientas de que disponen los abogados para llevar adelante una buena defensa de los derechos y las personas, cuyos bienes defienden. Entre esas herramientas, es cierto, está la recusación de jueces y fiscales. Pero de allí a reglamentar, como lo hace Martínez Simón, su uso por parte de aquellos de una manera distinta a como está legislada parece cuándo menos una visión sesgada de nuestra realidad jurídica y de nuestra práctica forense. En este punto, es de lamentar que el proyectista no haya acompañado una exposición de motivos a...
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