Por compurgamiento de la pena mínima, la justicia ordenó la libertad del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, y de Miguel Ángel Robles Ibarra, exjefe de gabinete de la Gobernación, ambos condenados en la causa conocida como “obras fantasmas”.
Los condenados habían cumplido la pena mínima según lo establecido en la ley, por lo que el Tribunal de Sentencia ordenó la inmediata libertad de ambos, pese a la oposición fiscal, que buscaba impedir esta decisión.
Tanto González como Robles fueron hallados culpables de haber creado una asociación criminal para desviar fondos de la Gobernación de Central, destinados originalmente a la reactivación económica tras la pandemia.
Los acusados utilizaron facturas falsas emitidas por contribuyentes de otras zonas del país e incluso funcionarios facultados para facturar a nombre de la ONG CIAP, lo que les permitió cobrar salarios de forma ilícita.
Consecuentemente, el tribunal condenó a Hugo Javier González a 10 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autor directo.
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