A partir de que la Sala Constitucional de la Corte declaró públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, ahora queda que Abdo vete ley que permite falsear los datos.
Las diversas organizaciones civiles que acompañaron el proceso de lucha por la transparencia y el acceso a la información pública, celebraron la sentencia judicial lograda este jueves a través de los votos del titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, y los ministros Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez y Carolina Llanes, además de los camaristas Óscar Paiva, Valentina Núñez y María Mercedes Buongermini.
El juez Marcos Riera tuvo un dictamen dividido ya que sostuvo que las declaraciones juradas son públicas pero que ciertas informaciones, como la de los parientes, no lo son.
El único magistrado que emitió un dictamen en contra de transparentar las declaraciones juradas fue Guido Cocco, quien se apoyó en la teoría de los diputados al señalar que no son objeto de publicidad por pertenecer al ámbito del derecho a la intimidad.
Con dicha medida, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada en el 2018 por el entonces contralor Enrique García, quien buscó proteger los datos de legisladores que de igual forma votarían por su destitución a través del juicio político, hecho que no se dio porque el mismo terminó renunciando.
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