El lunes, los miembros del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) se reunirán en asamblea para analizar si volverán a realizar un paro del transporte público, debido a que repudian el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos que habían hecho para “dejar de privilegiar a buses que operan de manera irregular”.
Según el representante de los transportistas, ese compromiso se cumplió por 15 días, pero el 7 de noviembre el Viceministerio firmó una llamativa resolución. “En ese documento dice que financian las multas anteriores a la firma de la resolución. Nunca he visto una resolución retroactiva en el aspecto jurídico de la República. La resolución tiene vigencia por 45 días”, criticó Ruiz Díaz.
Otra cuestión que le llama mucho la atención a César Ruiz Díaz es que el documento habla de personas físicas y jurídicas, cuando él recordó que “en el transporte público ninguna persona física tiene la capacidad de ofertar el servicio, porque está destinado a personas jurídicas. Entonces, ¿a quién van a financiar?”, se preguntó el transportista.
Criticó que el viceministerio haya “cambiado el concepto de prevención para anteponer el de recaudación”.
“Entonces, mañana yo saco mi bus irregular, voy al corralón, pago un 10% de multa y vuelvo a operar. Se contrapone a la legalidad”, sostuvo el presidente de Cetrapam, quien se mantiene en que la cartera de transporte “hizo algo informal y no estamos de acuerdo, más aún cuando apostamos todas las fichas en nuestro último ejercicio de inversión: el billetaje electrónico”, lamentó.
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