Mientras las autoridades de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) insisten en señalar que respondieron al ataque del EPP, entre estos las menores argentinas, el grupo de fuerzas especiales ya registra antecedentes de manejos turbios. El caso Enrique Piñánez es uno de ellos.
Genera suspicacias la versión de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), sobre el asesinato de las dos menores argentinas, luego de los trágicos antecedentes que posee. Uno de los principales, trata de la llamativa muerte del capitán Enrique Piñánez, quien supuestamente murió en manos de la Asociación Campesina Armada (ACA) en el 2014. Sin embargo, el Ministerio Público nunca investigó el caso.
Gloria Piñánez, hermana de la víctima, rememoró que Sandra Quiñónez fue enviada por el mismo Horacio Cartes, entonces presidente de la República para encargarse de las investigaciones cuando aún no era fiscal general del Estado. Sin embargo, la misma nunca brindó detalles de los avances y tampoco permitió que legisladores o medios de prensa accedan a la carpeta fiscal del caso mediante un amparo de la Corte Suprema de Justicia.
“La fiscalía se desentendió del caso. Queremos la reconstrucción de los hechos pero nunca lo hicieron. Intentamos hablar con Quiñónez pero nunca tuvimos éxito”, lamentó.
Todo comienza el 23 de Octubre del 2013, cuando Manuel Escurra, jefe de la comisaría 3era. De Horqueta muere, según la voz del Gobierno, en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El deceso se produjo luego de que la patrulla que transportaba al comisario y otros uniformados pasara sobre una bomba puesta como trampa en el camino.
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