El acuerdo SOFA (por sus siglas en inglés) fue aprobado por amplia mayoría en el Senado. El debate se centró en la constitucionalidad o no de permitir a tropas estadounidenses a tener inmunidad judicial durante su tarea en el país. Para los que abogaron por la aprobación, cualquier acuerdo requiere…
El Acuerdo de Cooperación en Defensa, firmado entre los Gobiernos de Paraguay y EEUU, más conocido como SOFA (por sus siglas en inglés), fue aprobado este miércoles en el Senado, tras un amplio debate, por 28 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para completar el trámite constitucional. El principal cuestionamiento, por parte de la oposición, se centró en que permitirá a los efectivos de las fuerzas estadounidenses contar con inmunidad judicial.
Por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, el senador Javier Zacarías Irún fundamentó el dictamen a favor de aprobar el acuerdo. Señaló que el acuerdo no autoriza la instalación de bases militares permanentes ni implica cesión de soberanía territorial o participación automática en operativos de seguridad, sino que regula el estatus legal del personal extranjero durante su permanencia temporal en el país.
Reconoció inmunidad judicial, si se tiene en cuenta que los efectivos de la cooperación internacional que cooperen bajo este acuerdo serán juzgados en EEUU. Sobre el punto, remarcó que “Estados Unidos ejercerá competencia sobre su personal por hechos cometidos en acto de servicio, conforme al modelo aplicado en acuerdos internacionales de cooperación”.
El dictamen en contra fue expuesto por la senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes, quien advirtió que el convenio otorga facultades extraordinarias a un país extranjero, en contravención a la Constitución Nacional, que establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de los tres poderes del Estado. Cuestionó especialmente la inmunidad prevista para los llamados “contratistas”, definidos como empresas y firmas no paraguayas y sus empleados, a quienes se les concedería un trato similar al de funcionarios oficiales.
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