Detalló que se prevén novedades, como la diligencia reforzada para compras de inmuebles en efectivo y la definición de umbrales para clasificar a las personas que operan en este sector y deban ser sujetos obligados de detección y reporte de operaciones sospechosas. En cuanto a este último punto, aclaró que la supervisión se aplicará a quienes se dediquen al negocio inmobiliario como actividad principal y se excluirá así a personas que alquilen sus propiedades, por ejemplo.
Esta normativa se extenderá también a los promotores de negocios inmobiliarios e integra a esta actividad económica a la supervisión basada en riesgos.
“Estamos con los que hacen compraventa de inmuebles; a las inmobiliarias que hacen alquileres, las vamos a incluir en la norma, pero vamos a poner un umbral porque no podemos llegar a todas, les vamos a aplicar unas medidas mínimas”, relató.
Otro proyecto en proceso es la emisión de una nueva matriz de riesgo en el sector cooperativo. Osvaldo Maidana, director de Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), informó que se encuentran trabajando con la Seprelad y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para poder cumplir con los estándares internacionales.
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