Los senadores ausentes, tres abstenciones y un voto de rechazo fueron los que salvaron al presidente de Conajzar, José Ortíz, del voto censura. Sin embargo, 25 legisladores expresaron su repudio a la gestión del funcionario e incluso se cuestionó que la comisión funciona como un “Estado dentro de otro Estado” por sobrepasar la autoridad del Ejecutivo y violar la Constitución Nacional.
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, se salvó del castigo político a su cuestionada gestión como representante del Ministerio de Hacienda de la citada comisión con un total de 16 legisladores ausentes, tres abstenciones y un voto en contra (de Lilian Samaniego) frente a 25 senadores que aprobaron el voto censura.
El senador Blas Llano relató los antecedentes de la interpelación y que en esta ocasión era la segunda vez que se trataba el voto censura, ya que la vez anterior se dejó a propósito sin quorum la sesión para mantener el punto en agenda. Recordó que el presidente es uno de los integrantes de la comisión y recalcó que los demás integrantes deben ser también sometidos al interrogatorio, quienes son Carmen Corina Alonso, Omar Mongelós, Rubén Antonio Roussillón y Ricardo Núñez Giménez, ya que “son igual o más responsables de las irregularidades en la gestión de Conajzar”.
También criticó que la comisión siquiera tiene en cuenta el dictamen del contralor Camilo Benítez que califica de ilegal el contrato que “regulariza” la explotación de tragamonedas e hizo énfasis en la falta de acceso a la sede de esta institución pública a un equipo periodístico de ABC que acudió para retirar documentos solicitados por el portal de Acceso a la Información Pública (AIP). “Estemos o no de acuerdo con la línea editorial, la prensa es uno de los garantes de la democracia”, recalcó.
La senadora Esperanza Martínez hizo énfasis en la falta de castigo de la justicia y del Poder Ejecutivo a la gestión de Conajzar a pesar de las documentaciones que evidencian la creación de una estructura de lavado de dinero, la caída de ingresos para la atención sanitaria a la ciudadanía debido a sus decisiones y sobre todo, la exposición a la ludopatía a los niños y adolescentes, mediante la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar.
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