La Comisión Antimafia de Pagarés del Senado, presidida por el senador Rafael Filizzola, reveló un entramado de irregularidades que, durante más de una década, habría perjudicado a miles de trabajadores públicos. Tras conocer el informe, varios senadores plantearon promover una denuncia penal contra los responsables del esquema, que incluye juicios ejecutivos masivos, embargos salariales, descuentos abusivos y una presunta red integrada por empresas privadas y operadores del sistema judicial.
Durante la sesión, el senador Líder Amarilla (PLRA) exigió que el pleno del Senado impulse una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, señalando que las víctimas arrastran años de perjuicios sin respuestas efectivas.
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) fue más lejos y pidió que la Cámara de Diputados inicie juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, denunciando que las personas afectadas llevan “diez años de tortura” sin avances reales. Paredes también reclamó al fiscal general, Emiliano Rolón, y exigió a la Corte la reconstrucción de expedientes en un plazo máximo de 30 días.
A su vez, la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) propuso impulsar un proyecto de ley para que los salarios de funcionarios se entreguen in totum, como medida para transparentar los procesos y evitar descuentos irregulares.
El senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión, adelantó que está en elaboración una acción penal que incluirá la figura de asociación criminal, aunque reconoció trabas para acceder a ciertos documentos clave. Indicó que aguardan informes del Incoop para completar el expediente.
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