Senadores sospechan que el contrato de Conajzar con la empresa iCrop para censar y catastrar las máquinas “tragamonedas” en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar se trata de una maniobra para legalizar la actividad “mau”. Advierten que podría ser el inicio de la creación de una mega estructura para lavar dinero.
La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Esperanza Martínez, señaló que resulta muy llamativo que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) se ocupe de las máquinas “tragamonedas” ubicadas en sitios que no son salones de juego, al contratar a una empresa privada, identificada como iCrop SA, cuyo representante legal es Humberto Acuña, para que cense dichas máquinas. Indicó que esa función es una competencia exclusiva de las municipalidades y si bien reconoció que es necesario analizar la situación en el rubro para que haya mayor control, consideró que no es lógico que sea...
Las declaraciones las realizó ayer, durante la sesión de la Cámara Alta, ocasión en que fueron convocados el ministro de Hacienda y el titular de Conajzar, Oscar Llamosas y José Ortíz, respectivamente. En representación de Hacienda estuvo el viceministro de Economía, Ivan Hass, quien respondió que Conajzar es un ente autónomo y es el responsable de dar explicaciones con relación al contrato directo con la firma iCrop, lo cual no convenció a Martínez, porque la cartera cuenta en dicha comisión con un funcionario de la Unidad Operativa Contrataciones (UOC).
Ortíz, a su turno, alegó que en vista de que se desconoce el mercado de tragamonedas que opera en sitios que no son los casinos, se pretende censar los locales y cobrarles impuestos.
Destacó que ahora es la primera vez que se obtienen recursos para Conajzar a partir de esta actividad. Sin embargo, las declaraciones tampoco convencieron a Martínez, quien insistió que esa tarea es una competencia municipal.
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