Redacción América, 20 dic (EFE).- Latinoamérica enfrenta retos estructurales en la seguridad social, incluyendo una creciente informalidad laboral, la desigualdad y los déficits financieros, y pese a que algunos países han implementado reformas para mejorar la sostenibilidad y cobertura, las soluciones a largo plazo aún son inciertas.
En Perú, el 71,2 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, aunque la cobertura de salud alcanza al 89,1 %, principalmente a través del Seguro Integral de Salud (SIS).
En pensiones, solo el 34,9 % de los adultos mayores están afiliados a un sistema, y la sostenibilidad del mismo enfrenta presiones crecientes.
En Venezuela, los pensionistas enfrentan ingresos muy bajos (2,5 dólares mensuales) complementados por bonos gubernamentales. Aunque la Constitución garantiza la salud pública gratuita, los hospitales sufren de escasez de recursos. Además, la informalidad laboral es elevada, 70 % según cálculos no oficiales, agravando la carga sobre los contribuyentes formales.
Colombia aprobó una reforma, que entra en vigor en 2025, con la que el Gobierno busca ampliar la cobertura de pensiones del 24 % al 87 % para 2052. La reforma introduce un sistema mixto con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Sin embargo, la alta informalidad (50 %) y la brecha de género son desafíos persistentes.
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