El negocio de las constructoras y el Estado es de nunca acabar, por un lado se esconden detrás de chicanas para no presentar declaraciones juradas, mientras ganan millones de dólares por construir rutas que no tienen durabilidad.
El comentario común de un conductor que cruzó la frontera alguna vez a bordo de un vehículo es el de valorar la ingeniería vial de los vecinos y lamentar el pésimo estado de nuestras rutas. A pesar de que se gasta como mínimo 4 veces más de lo que cuesta en Europa, las nuestras no tienen durabilidad y se destruyen aceleradamente, lo que genera de nuevo un nuevo contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para las reparaciones.
Poniendo en contexto, observamos que el dinero que ganan es inmenso, sin embargo, estas por chicanas jurídicas ante una tibia Corte Suprema de Justicia, plantearon acciones de inconstitucionalidad contra la Ley que obliga a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas si tienen contratos con el Estado.
Según informaciones oficiales brindadas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Surti accedió a unas 130 acciones de inconstitucionalidad que presentaron empresas de distintos rubros que forman parte de la “Patria Contratista”.
Ahora, entre las mismas están las empresas de construcción, y principalmente las vialeras, como Constructora Heisecke SA, Concret – Mix SA, Constructora Acaray SA, Ocho A SA, Empresa Constructora Minera Paraguaya SA (Ecomipa), Jiménez Gaona y Lima Empresas de Construcciones SA, entre otras.
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