La jueza penal de Garantías de Caacupé, Veronica Almirón, ordenó el pasado 15 de julio la destrucción de una obra en ejecución en la compañía Cuervo Cua, de la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera, ubicada a 60 metros del lago Ypacaraí. De acuerdo con lo resuelto por Almirón, la obra en cuestión no […]
La jueza penal de Garantías de Caacupé, Veronica Almirón, ordenó el pasado 15 de julio la destrucción de una obra en ejecución en la compañía Cuervo Cua, de la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera, ubicada a 60 metros del lago Ypacaraí.
De acuerdo con lo resuelto por Almirón, la obra en cuestión no respeta la franja de protección del cauce hídrico, por lo que la llamativa resolución dio un plazo de 30 días al propietario para derribar la estructura.
Sin embargo, según aclaró el abogado Ezequiel Santagada, la Municipalidad con asistencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) son las instituciones que deben autorizar la construcción o no de infraestructuras en este contexto, lo que deja en evidencia la autoritaria e infundada decisión de la jueza.
“No conozco los detalles del caso y tampoco he leído la sentencia, lo que la Ley 3.239 establece lo que es un cauce hídrico y lo define como depresión natural de longitud y profundidad variable, en cuyo interior hay agua permanente e intermitente y está definido por las crecidas máximas ordinarias”, explicó el abogado.
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