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La universalización del pago de la pensión a los ancianos, adultos mayores de 65 años, supone ciertamente un mayúsculo desafío para las arcas de Hacienda, actualmente ya vapuleadas por un déficit creciente que se acerca al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
La decisión del Congreso de rechazar el veto del presidente Marito Abdo al proyecto, obliga a la búsqueda de nuevas fuentes de imposición por fuera de los ingresos adicionales ya previstos con la reforma tributaria que entrará a regir desde el próximo 1 de enero de 2020, lo que lleva el debate a un plano en el cual se hace necesario más que nunca vincular la venta de la energía de Itaipú y Yacyretá, a precios de mercado, con los cuales atender las justas demandas de la población más pobre y vulnerable.
Es que hasta 1 millón de personas, de las 200.000 de hoy, podrían recibir un subsidio equivalente a los G. 500 mil mensuales per cápita que cobran ahora los adultos mayores, con el solo hecho de pasar de los misérrimos US$ 10/MWh promedio que percibe en la actualidad el Estado paraguayo por la fraudulenta “cesión” de la electricidad implantada por los tratados de la década del 70 durante las dictaduras reinantes en nuestros países, a por lo menos 45-50 dólares el megavatio-hora, que sería la cifra que iría acercándose a lo justo y representaría lo mínimo en términos de mercado.
Esta población mayor que se beneficiaría en forma universal, sin otros requisitos que haber nacido en el Paraguay, implicaría la realización de un acto de justicia histórica a quienes en casi 50 años de vigencia de los tratados Itaipú y Yacyretá apenas recibieron migajas de la operación hidroenergética, si es que cobraron algo en forma directa, porque más se favoreció en gran medida a brasileños y argentinos, en detrimento de todos los paraguayos quienes somos propietarios condóminos en un 50 por ciento de la riqueza binacional.
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