Nuestro sistema electoral tiene numerosos asuntos que requieren actualización y ajuste, pero ninguno es más urgente ni más importante que lo referido al financiamiento de las candidaturas a los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales. Ahora, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo están en marcha sendas iniciativas para modificar nuestro sistema electoral porque ya nadie puede ocultar que el actual favorece peligrosamente a los sectores más averiados de la sociedad, a auténticas mafias que buscan enquistarse en el poder para consolidar imperios económicos a costa de los contribuyentes y de la Justicia. Es evidente que nuestro sistema electoral ha venido permitiendo que cada vez más candidatos financiados por dinero negro –provenientes de la evasión de impuestos, de contratos públicos amañados, del contrabando, del tráfico de influencias o del narcotráfico– lleguen a los puestos electivos por los que compitieron. La evolución negativa de nuestro sistema electoral, su degeneración perversa, se debe sobre todo a la ausencia de transparencia y de controles en el financiamiento de los candidatos, especialmente en las elecciones internas de las organizaciones políticas.
Hay muchas clases de sistemas electorales. Los hay democráticos y los hay oligárquicos o autocráticos. El sistema electoral de la fenecida República de Venecia era oligárquico. El de Cuba es autocrático. Los hay virtuosos y los hay defectuosos. El sistema suizo tal vez pueda contarse entre los virtuosos. El inglés y el alemán actual, también. El argentino puede figurar entre los defectuosos, o el hondureño.
La razón de ser de un sistema electoral democrático es promocionar a las funciones de dirección y gobernanza del Estado a personas que representen a la sociedad y que la sirvan. En nuestro país, servir al Estado implica también la dirección y gobernanza de los departamentos y los municipios.
Nuestro sistema electoral tiene numerosos asuntos que requieren actualización y ajuste, pero ninguno es más urgente ni más importante que lo referido al financiamiento de las candidaturas a los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales.
Ahora, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo están en marcha sendas iniciativas para modificar nuestro sistema electoral porque ya nadie puede ocultar que el actual favorece peligrosamente a los sectores más averiados de la sociedad paraguaya, a auténticas mafias que buscan enquistarse en el poder para consolidar imperios económicos a costa de los contribuyentes y de la Justicia.
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