Uno de los más recordados negociados en la historia de Petropar es el concretado con PDVSA. No solo se obtuvo un gasoil inclusive más caro, sino que se ejecutaron millonarias operaciones ilegales de flete y que dejaron una elevada deuda impaga. Hoy de nuevo pretenden reactivar compras de Venezuela, tras la sanción de ley que permite a proveedores de Petropar eludir el control que impone la ley de contrataciones públicas. La estatal se tornó en trofeo apetecible para los saqueos en este año político.
El abordaje del Ejecutivo y del Legislativo al tema combustible luego de la escalada internacional de los precios que desataron los sucesos bélicos conocidos, fue desprolijo e irresponsable. Las disposiciones desencadenaron en una ola de desaciertos que concluyeron esta semana con otra burla a la ciudadanía.
Antes las presiones ejercidas por el sector transporte con el alza de lod precios de los carburantes, el Gobierno decidió aplicar subsidios a los precios del gasoil común y de la nafta intermedia de Petropar, generando una enorme distorsión en el mercado. La medida, que solo rigió algunos días, entre el 1 y el 12 de abril último, generó una sangría de G. 45.071.665.947 (US$ 6.677.283 al cambio actual) por la venta de 17.737.767 litros de gasoil, mientras que en el mismo lapso, debido al subsidio a la nafta se esfumaron unos G. 15.235.596.930 (US$ 2.257.125) por la venta de un total de...
Luego del reciente levantamiento de esta subvención emergieron de nuevo las medidas de fuerza del sector camionero, a las que llamativamente se sumaron cuestionados sindicalistas de Petropar para apurar el tratamiento y aprobación de una nueva ley, que supuestamente permitiría reducir los costos de importación de los carburantes con la eliminación de la exigencia de presentar la declaración jurada de los directivos de las proveedoras extranjeras que suministren combustible a la petrolera estatal.
El lunes último se aprobó a tambor batiente en Senadores este proyecto, que sospechosamente sufrió una drástica modificación, ya que además de la eliminación de la presentación de declaraciones juradas, incorporó, de forma taxativa en el Art. 1, la exención a las proveedoras también de la aplicación de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. Esta exención elude todo tipo de control, ya que quedaría solo el de la Contraloría General de la República, que es absolutamente insuficiente, más aún a sabiendas de los robos que se registran en Petropar.
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