En la primera página del manual de los gobiernos para enfrentar crisis económicas y sociales está la promoción de infraestructura. El empleo que genera en los territorios directamente afectados y en la cadena de valor del sector; sumado a los beneficios en conectividad, productividad y bienestar de la población; son algunas razones por las que las inversiones en obras han sido las protagonistas en la reactivación global después de las guerras y crisis del siglo pasado, y en los presupuestos de los países de América Latina para 2021.
Reactivación: con tantas vías por intervenir, ¿cuáles priorizar?
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) les puso cifras a los empleos que genera la infraestructura en América Latina y el Caribe. “En promedio para el total de la muestra de proyectos de infraestructura analizados, US$ 1.000 millones invertidos en la región se asocian a la generación de 35.000 empleos directos. Los resultados por subsector muestran que US$ 1.000 millones invertidos en la región en promedio se asocian a la generación de 50.000 empleos directos en el sector energía, 18.000 empleos directos en el sector agua y saneamiento y 12.000 empleos directos en el sector...
Un informe del Banco Mundial respecto al potencial de generación de empleo directo e indirecto a corto plazo, estima que la inversión en proyectos de infraestructuras genera alrededor de 40.000 empleos anuales por cada US$ 1.000 millones en América Latina y el Caribe, dependiendo de variables como la combinación de subsectores en el programa de inversión, las tecnologías implementadas, y los salarios locales para mano de obra calificada y no calificada. Igualmente, existen algunos tipos de proyectos, como los relativos al de mantenimiento de caminos rurales, que pueden emplear entre 200.000...
Una vez evidenciada la efectividad de la infraestructura en la generación de empleo en el corto plazo, la pregunta que surge es: con tantas vías por intervenir, ¿cuáles priorizar? El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) trabajó en una metodología para la priorización de proyectos de infraestructura del transporte terrestre con criterios de impactos, aplicada sobre una base de más de 2.000 proyectos identificados en once países de la región.
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