La Sala Penal declaró inadmisible el recurso de apelación general presentado por el oficial inspector Guido Armando Amarilla Vera, dejando firme la resolución que rechazó la recusación promovida contra los jueces Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, integrantes del Tribunal de Sentencia encargado de juzgarlo por lesión grave en una causa derivada de los […]
La Sala Penal declaró inadmisible el recurso de apelación general presentado por el oficial inspector Guido Armando Amarilla Vera, dejando firme la resolución que rechazó la recusación promovida contra los jueces Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, integrantes del Tribunal de Sentencia encargado de juzgarlo por lesión grave en una causa derivada de los sucesos del denominado 31M.
Los ministros Cesar Garay, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, concluyeron que la Sala Penal no tiene atribuciones para estudiar recursos ordinarios de apelación general, ya que su competencia en materia penal se limita a recursos extraordinarios, como la casación y la revisión. Asimismo, señalaron que las resoluciones que resuelven recusaciones contra jueces de primera instancia o Tribunales de Sentencia no pueden ser revisadas por la Corte Suprema mediante esta vía.
Amarilla Vera planteó el recurso luego de que el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Capital, integrado por conjueces Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y José Agustin Fernández, rechazara la recusación que había promovido contra los tres magistrados que integran el Colegiado de juzgamiento. La Sala Penal no estudió el fondo de la cuestión por considerar que el recurso utilizado no está previsto legalmente para este tipo de resoluciones.
En su análisis, los ministros recordaron que el Código Procesal Penal reserva a los Tribunales de Apelación el estudio de los recursos ordinarios y que la Sala únicamente puede intervenir en los casos expresamente establecidos por la ley. Incluso sostuvieron que admitir una apelación de estas características abriría la puerta a incidentes y planteamientos dilatorios no contemplados por el sistema procesal vigente.
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