Antes de la aprobación del proyecto de “ley garrote” en contra de las organizaciones sin fines de lucro, se escucharon discursos que quedaron para la historia, pero para la historia de la represión, la censura, el autoritarismo y el desconocimiento de las obligaciones del Estado. Aquí no se trata de “¿Por qué no quieren que se les controle?” sino de “¿Cuáles son las atribuciones legales, legítimas y necesarias para controlar?”. Debemos recordar que cuanto mayor sea la injerencia de la autoridad pública en el ámbito privado de las personas, más arbitraria es la conducta del Estado, y por lo tanto, más resquebrajada se encontrará la democracia. Queda claro que lo que se busca es combatir a aquellas organizaciones que pretendan luchar contra la corrupción, las que busquen transparentar la conducta de las autoridades, las que se manifiesten en contra del nepotismo, el clientelismo y otros actos de corrupción, las que luchen por la justicia social y recuerden al Gobierno que la obligación de garantizar derechos y libertades recae en quienes ejercen el poder estatal.
Antes de la aprobación a rajatabla por parte de los senadores cartistas y sus satélites, del proyecto de “ley garrote” en contra de las organizaciones sin fines de lucro, hemos sido testigos de discursos que quedaron para la historia, pero para la historia de la represión, la censura, el autoritarismo y el desconocimiento de las obligaciones del Estado.
El neocartista Orlando Penner (ex Patria Querida) arremetió en contra de la ONG Tierraviva, calificando a quienes lo promueven de desalmados y llamándolos “bolsillo vivo”, criticando además que no hayan podido solucionar los problemas básicos, como la provisión de agua potable a las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, cuando claramente esta es una obligación del Estado y no de organizaciones de la sociedad civil.
Escuchamos también al senador Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA) argumentar que semejante ley es necesaria ya que, según sostuvo, muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan en forma secreta bajo supuestos fines filantrópicos. Expuso además que los colegas que argumentaron en contra del proyecto lo hicieron bajo sus limitadas acotaciones, que sus discursos salen de las cloacas, y algunos de ellos son ratas de albañales con una “moralina propia de los cipayos”.
En contrapartida, la senadora Esperanza Martínez (FG) habló de una parcialidad manifiesta de perseguir, desprestigiar e infundir temor solo a algunas organizaciones, buscando asimilar el término ONG a la delincuencia o el lavado de dinero, resultándole paradójico que tengan que controlar aquellas que no pueden controlarse a sí mismas. Pidió además al presidente Santiago Peña que tenga coraje y valentía para vetar el proyecto sancionado. El senador Ignacio Iramain (PEN) expresó que estamos volviendo al “círculo del eterno retorno” con una ley que busca enterrar a la sociedad civil, y...
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