(Por BR) El reciente decreto N° 1.952 del Poder Ejecutivo que regula la venta de combustible en modalidad de búnker generó un debate significativo, particularmente sobre su impacto en el mercado interno de combustibles. A pesar de ser criticada por el sector privado por favorecer a Petropar, la medida busca transparentar la comercialización en la línea de negocio conocida como búnker.
La normativa, que establece que los tanques para el abastecimiento de embarcaciones deben tener una capacidad mínima de 16 millones de litros en lugar de los 11 millones de litros anteriores, entró a regir desde el 1 de julio pasado y fue tomada por el sector privado como una medida que podría monopolizar el mercado.
Según el analista Rodrigo Ibarrola del (Cadep), el decreto en cuestión no afecta directamente el mercado interno de combustibles para consumo en tierra, sino que se centra en la modalidad de búnker, que es el suministro de combustible a embarcaciones.
“Esta venta se realiza en puertos internacionales y está exenta de impuestos. La modificación de la capacidad mínima de los tanques busca, según el Gobierno, mejorar el control y la transparencia en la venta de combustibles”, aclaró.
En términos de cifras, la venta en modalidad de búnker representa apenas el 2% del total de la venta de combustible en el mercado local, según explicó Ibarrola. “Esto significa que, aunque la medida puede tener implicaciones para un pequeño grupo de empresas que operan en los puertos, su impacto en el mercado interno es limitado. La mayoría de los jugadores en el mercado de combustibles para consumo interno no están directamente afectados por estas nuevas regulaciones” agregó.
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