“Se puso en riesgo la salud del personal de blanco destinado a la lucha contra el covid-19”, señala taxativamente una de las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las compras realizadas por Petropar bajo la excusa de la emergencia sanitaria y durante la presidencia de la imputada Patricia Samudio.
El ente contralor dio a conocer poco tiempo después de que saltara el escándalo el informe final de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) en el que presentan media docena de observaciones con respecto a compras por G. 357 millones realizadas por Petropar en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Uno de los puntos más graves hace referencia a la compra de mascarillas tipo N95 que Petropar entregó como donación al Ministerio de Salud Pública.
Según el informe, los tapabocas habían vencido ya en diciembre de 2017, más de dos años antes de que la petrolera estatal las comprara de la empresa Solumedic SA.
Si bien las cajas de los tapabocas no tenían consignada la fecha de vencimiento y de fabricación, se constató con la propia empresa brasileña proveedora que el lote ya se encontraba vencido. Lo peor es que en Petropar admitieron esos insumos defectuosos.
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