Gobierno y oposición avanzan con proyectos para reformar el sistema de subsidios al transporte público, que supera los USD 46 millones anuales. La administración de estos recursos, actualmente en manos de Cetrapam, podría centralizarse en el gabinete social de la Presidencia, desafiando el monopolio del sector.
La batalla entre el gobierno y la oposición por reformar el sistema de transporte público en Paraguay amenaza con poner fin al monopolio ejercido por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).
Actualmente, dos proyectos distintos, impulsados tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, plantean modificaciones sustanciales en la distribución de los subsidios que el Estado otorga a las empresas del sector, los cuales superan los 46 millones de dólares anuales.
Ambas iniciativas, aunque avanzan por vías separadas, comparten un objetivo común: transformar el negocio del transporte público, administrado durante décadas por un reducido grupo de empresarios que han priorizado las ganancias por encima de la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
La propuesta del Ejecutivo, plasmada en el decreto 710 firmado por el presidente Santiago Peña el pasado 15 de noviembre, busca modificar el desembolso de los subsidios destinados a mantener el precio del pasaje en G. 2300 para el servicio convencional y G. 3.400 para el diferencial.
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