La titular de la institución Gail Gina González Yaluff había mantenido un preacuerdo con empresas arrendatarias de tierras del Chaco, ubicadas en zona de seguridad fronteriza y la misma que la exjueza Tania Irún habría cedido de forma irregular, y que le costó el cargo. Mientras los casadeños esperan una solución, aunque la titular de las tierras, Asociación Espíritu Santo, no es convocada a las reuniones del Indert.
A través de un comunicado hecho público se criticó la gestión del Indert y la problemática de la tierra que tienen los pobladores de Puerto Casado (Chaco) desde hace más de 70 años. La presidente de la institución, Gail Gina González Yaluff, convocó a una reunión para firmar un preacuerdo a autoridades de la Municipalidad de Casado, de la Gobernación de Alto Paraguay, la Comisión por la Tierra de Casado, y a representantes de las empresas Victoria SA, Diego Puente y Kiantar Betacourt.
González en contacto con los medios había dicho que por “mandato del presidente de la República (Mario Abdo)” se han acercado a la empresa a firmar un acta de entendimiento. Añade que “ellos (Victoria SA) manifiestan que tienen todos los juicios ganados a la empresa Epíritu Santo, y próximamente van a estar inscribiendo todo eso a nombre de Atenil o sea Victoria SA”. En otra parte señala que “Victoria SA es la dueña de las tierras”.
Un dato importante es que se trata de un litigio de 310 mil hectáreas de tierras cuyo valor ascienden a US$ 500 millones, y que el litigio se da entre la Asociación Espíritu Santo y cuatro empresas offshore de paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre. Estas empresas, presuntamente de maletín, buscan ejecutar un supuesto préstamo de mucho menor valor para quedarse con las tierras.
Es decir, la empresa Victoria SA no aparece en el litigio, y un dato que no deja de ser importante es que Atenil firmó un contrato de arrendamiento de tierras de la Asociación por un periodo de 20 años, de marzo del 2001 a marzo del 2021.
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