Cinco senadores presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. La iniciativa ingresó el 11 de noviembre por Mesa de Entrada del Senado, en momentos en que la investigación del caso Ueno Bank examina decisiones de supervisión bancaria y la colocación de fondos públicos en la entidad. La Ley N.º 7089/2023, en su redacción original, establecía restricciones para determinadas actividades de exfuncionarios durante un año después de su salida. La Ley N.º 7236/2024 derogó los artículos 24, 25 y 26, que integraban el capítulo sobre limitaciones al egreso de la función pública, además del artículo 38. Durante el ejercicio del cargo, el deber de abstención busca evitar que una autoridad intervenga en un asunto en el que tenga intereses comprendidos por la ley. Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, según informó la Contraloría. La Contraloría General de la República (CGR) identificó dos medidas que busca recuperar con su propuesta: las restricciones posteriores al cese y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses. En el ámbito bancario, una regulación de conflictos de intereses puede incidir en actuaciones como la revisión de una operación, la adopción de medidas de supervisión o una decisión sobre la colocación de recursos estatales. La Ley N.º 7089/2023 ya contemplaba instrumentos como las declaraciones juradas de intereses, un registro público y el deber de abstención.
Cinco senadores presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. La iniciativa ingresó el 11 de noviembre por Mesa de Entrada del Senado, en momentos en que la investigación del caso Ueno Bank examina decisiones de supervisión bancaria y la colocación de fondos públicos en la entidad.
La nota de presentación está firmada por los senadores Rafael Filizzola Serra, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Ignacio Iramaín Chilavert y José Oviedo. El documento está fechado el 10 de noviembre de 2026 y dirigido a Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores. El sello de Mesa de Entrada registra su recepción al día siguiente.
La nota identifica el objeto del proyecto y señala que la presentación va acompañada de una exposición de motivos. La copia disponible contiene la nota de remisión, por lo que el detalle de las medidas deberá verificarse en el articulado. Entre los puntos pendientes de confirmar están los cargos alcanzados, los plazos de las eventuales incompatibilidades y las sanciones aplicables.
La Ley N.º 7089/2023, en su redacción original, establecía restricciones para determinadas actividades de exfuncionarios durante un año después de su salida. Una de ellas alcanzaba la provisión de bienes, servicios u obras al organismo en el que habían ejercido funciones o a dependencias que habían estado bajo su competencia, con las excepciones previstas en el texto. La regla buscaba limitar el aprovechamiento privado de vínculos o facultades asociados al cargo anterior.
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