Catorce testigos declararon durante las dos últimas jornadas en el juicio de la “niñera de oro” y varios de ellos complicaron la situación procesal de los tres acusados, con lo que se demuestra que maniobró de forma alevosa para lograr que Gabriela Quintana acceda al cobro de dos salarios y uno de ellos sin trabajar. Por eso trataron de devolver el dinero.
En octubre de 2013, la fiscalía imputó al senador Víctor Bogado (ANR, cartista) a Gabriela Quintana y el jefe de gabinete de la Cámara de Diputados, por cobro indebido de honorarios y estafa al comprobar que estas tres personas maniobraron para que Gabriela sea contratada por la Entidad Binacional Itaipú, pese a que ya era funcionaria permanente de la Cámara de Diputados.
Los fiscales apuntaban a que fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, el que solicitó que Gabriela Quintana (su asistente personal desde el 2008) sea contratada por Itaipú. Para tal efecto, le encomendó a su jefe de gabinete Miguel Pérez, que sea el nexo entre él y el director de la entidad el ingeniero Franklin Boccia.
Pérez fue varias veces hasta la sede de Itaipú, para hablar con el ingeniero Boccia, hasta que el 4 de marzo de 2013 Gabriela Quintana firmó su contrato con la entidad binacional Itaipú, donde iba a ocupar el cargo de asistente administrativa 2, con un sueldo de G. 8.793.300.
En el contrato se aclaraba en el punto siete que Gabriela Quintana se comprometía a servir con exclusividad a Itaipú. En ese momento, la joven ya era funcionaria de Diputados donde estaba percibiendo un sueldo mensual de G. 13.237.400. Ese detalle le ocultó a la entidad al momento de rubricar su contrato aquel 4 de marzo de 2013.
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