Advierten que propuesta legislativa establece sanciones excesivas que provocarán el alejamiento de voluntarios que integran las consejos institucionales, y organizaciones pueden desaparecer.
El proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, además de establecer sanciones excesivas, que violan el principio de la proporcionalidad, que van hasta USD 350.000, viola varios artículos de la Constitución Nacional e introduce una burocracia innecesaria, tiene una finalidad política, que es debilitar a la sociedad civil haciendo que sus organizaciones desaparezcan. María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), y Marité de Rasmussen, presidenta del Consejo del Denide, organización sin fines...
El proyecto se halla en la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. La doctora Rivas explica que las sanciones que contempla se orientan a las personas jurídicas, que son las organizaciones, pero también van dirigidas a sus consejeros.
“Con esa amenaza, se producirá una fuga en los consejos institucionales”, advierte. Los consejeros prestan un servicio voluntario en las organizaciones y al sentirse amenazados por esas sanciones desproporcionadas podrían retirarse y los consejos quedar vacíos, “con lo cual, las organizaciones deberán desaparecer”, dice.
El impacto que esto podría ocasionar políticamente hablando es que el Gobierno “se quedará sin una pata muy importante para darles legitimidad a sus políticas públicas”, agrega. Y es que si no existe sociedad civil organizada que pueda controlar la ejecución de políticas públicas o que genere el debate sobre estas, “el Estado se va a quedar con un sector absolutamente vacío, sin un sector que otorgue legitimidad a sus políticas públicas”.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
