Los políticos acusados por hechos de corrupción, entre los que se encuentran exministros y actuales legisladores de diferentes partidos, mediante el ejercicio abusivo del derecho y gracias a un Poder Judicial y una Fiscalía complacientes, lograron trabar sus causas hace más de tres años. Una cámara de apelación allanó el camino para que se puedan revocarles medidas alternativas, ante la evidente falta de sometimiento a la justicia. El Código Procesal Penal prevé esta sanción. Sin embargo, jueces y fiscales no la aplican por falta de coraje.
Los políticos procesados, sean colorados oficialistas o disidentes, liberales o de otros partidos de la oposición, se aprovechan de un Poder Judicial y un Ministerio Público dependientes y sometidos a ellos, para dilatar los procesos penales abiertos en su contra por millonarios perjuicios al Estado. La mayoría de los enjuiciados hace, dos y tres logró congelar su causa para evitar el juicio oral.
El senador liberal Enzo Cardozo fue acusado por los fiscales Martín Cabrera y Aldo Cantero, el 6 de setiembre de 2014, por un perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura, cuando se desempeñaba como titular de dicha cartera de Estado. Sin embargo, hasta hoy no se pude hacer la audiencia preliminar al legislador liberal, que ahora busca ser miembro del Parlasur por el llanismo.
El expediente del legislador está congelado en la Sala Constitucional de la Corte, que también tiene cajoneado desde febrero de 2015 el proceso a senador llanista por otro perjuicio al patrimonio del Ministerio de Agricultura, superior a G. 3.000 millones.
El 4 de junio de 2014, los fiscales Luis Piñánez y Aldo Cantero acusaron al senador colorado Víctor Bogado por un perjuicio de G. 71 millones al Estado en el caso de la “niñera de oro”. El expediente se encuentra en la Corte, donde la Sala Constitucional, integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco, tiene que resolver una acción del legislador, quien recurrió contra una resolución de la Cámara de Apelación que confirmó al juez Óscar Delgado en el proceso.
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